Programa de Seguridad Ciudadana Y Convivencia en el estado Miranda Período 2012 – 2016

Marco referencial

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 3 establece que el Estado debe tener como uno de sus fines esenciales la defensa y desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad y, entre otras, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, así como la garantía de cumplimento de principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente. Asimismo, el artículo 332 de nuestra carta magna nos señala que el Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, protegerá a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyará las decisiones de las autoridades competentes y asegurará el pacífico disfrute de las garantías constitucionales, de conformidad con la ley, apoyando la creación y fortalecimiento de sus órganos de seguridad.

El problema de la incidencia delictiva en el estado Miranda, así como la violencia en sus diversas expresiones, son fenómenos que preocupan a la población de este estado. Tal situación, vivida también en otros estados del país, ha sido objeto de permanente atención del Gobierno Bolivariano y Revolucionario de Venezuela, el cual, en su afán de consolidar la paz y la justicia social, ha estructurado e impulsado la Gran Misión A toda Vida Venezuela para dar cumplimiento a los ya mencionados artículos constitucionales, así como a las leyes subsidiarias que apuntan a mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano.

En este sentido, la Gran Misión A toda Vida Venezuela tiene como su objetivo fundamental la preservación de la vida, a través de la disminución de la ocurrencia de situaciones vinculadas con el delito, faltas, inconvivencias, accidentalidad vial, desastres o emergencias que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para el disfrute de los derechos de la población, mediante la modificación de las condiciones estructurales, situacionales e institucionales que las hacen posible, en el campo de la prevención y el control penal ajustado a derecho, en un marco de estímulo a la organización y movilización popular, la búsqueda de la igualdad social sustantiva y con perspectiva de derechos humanos. Tal objetivo se pretende alcanzar con el despliegue de acciones preventivas focalizadas en los sectores populares, jóvenes, niños y niñas y mujeres como poblaciones más vulnerables. No obstante, es necesario apoyar y desarrollar acciones estratégicas para toda la población venezolana, en especial, la del estado Miranda, que es donde se concentra un gran número de delitos contra las personas y contra la propiedad, fenómeno que se muestra con mayor incidencia en 14 de sus 21 municipios.

Es por ello, que las acciones estratégicas para la seguridad del Estado Miranda se encuentran enmarcadas en los objetivos y acciones que desarrolla la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, por lo que esta gobernación deberá abarcar, apoyar y desarrollar cinco de los seis vértices de la Gran Misión, a saber:

  1. Prevención integral y convivencia ciudadana.
  2. Fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana.
  3. Transformación del sistema de justicia penal y creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
  4. Modernización del sistema penitenciario.
  5. Sistema nacional de atención integral a la víctima.

Estadísticas sobre el delito en el Estado Miranda/Fuente: GMATVV

Fuente: GMATVV

Cuadro de información poblacional, delictiva y policial por municipio del Estado Miranda (Fuente: GMATVV)

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PERIODO 2012-2016

VERTICE 1: PREVENCIÓN INTEGRAL Y CONVIVENCIA SOLIDARIA

Dado que la prevención integral del delito es una de las vías más efectivas en el marco de una política humanista, de enfrentar el fenómeno delictivo, este programa busca desarrollar estrategias que evitarán la presencia, aumento o expansión de la violencia y el delito en el estado Miranda.

En este sentido se proponen las siguientes acciones estratégicas:

  1. Construcción de canchas deportivas. A razón de 10 canchas por municipio lo que da un total de 210 canchas deportivas en el período 2012-2016.
  2. Instalación de centros de formación socioproductiva, en el marco de la Gran Misión Saber y Trabajo (Mecánica automotriz, informática, cocina y corte-confección-peluquería) discriminados de la siguiente manera: 4 centros por municipio priorizado para un total de 56 centros y un centro por municipio no priorizado, 6 centros. Lo que totaliza 62 centros de formación socio-productiva en todo el estado Miranda.
  3. Instalación de centros para la diversidad cultural y estudios de grabación (Medios audio visuales, artes gráficas, música, teatro, tambores) discriminadas de la siguiente manera: 4 Centros por municipio priorizado para un total de 56 escuelas y una escuela por municipio no priorizado, 6 escuelas. Lo que totaliza 62 centros de diversidad cultural en todo el estado Miranda.
  4. Instalación de puntos de canje de armas, discriminados de la siguiente manera: 2 por municipio priorizado para un total de 28 puntos de canje y uno por municipio no priorizado, 6 puntos de canje. Para un gran total de 34 puntos de canje de armas en todo el estado Miranda.
  5. Instalación de núcleos de orquestas juveniles, un núcleo por municipio priorizado para un total de 14 núcleos de orquestas juveniles en todo el estado Miranda.
  6. Instalación de Comandos de Mujeres por la Paz y la Vida, 21 comandos, uno por cada municipio, en todo el estado Miranda, desde donde se desarrollará una política de tratamiento a los jóvenes en situación de violencia.

VÉRTICE 2: FORTALECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 55, expresa que todas las personas tienen derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad regulados por Ley, frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. En este el mandato constitucional también menciona claramente que los órganos de seguridad del Estado respetarán la dignidad humana y los derechos humanos de todas las personas.

En este sentido, se han estructurado las siguientes acciones que buscaráncrear las condiciones institucionales para conformar una estructura nacional, estadal, municipal y parroquial conformada por los organismos competentes en materia de prevención y control del delito, con una perspectiva integral a fin de garantizar el disfrute y ejercicio de los derechos de la población. Puntualmente serán:

  1. Despliegue de la Policía Nacional Bolivariana, policía estadal y policías municipales para alcanzar una tasa de encuadramiento policial de 4,5 policías por cada 1.000 habitantes. Para el logro de esta meta se debe contar con 13.521 efectivos en el período 2012-2016. Teniendo en cuenta que en la actualidad hay 8.413 efectivos, el déficit está en el orden de 5.108 efectivos a ser formados y desplegados en los próximos 4 años.
  2. Dotación de vehículos para la labor policial. Se contempla la incorporación de 1.832 vehículos policiales en el período 2012-2016. Los vehículos incluyen carros, patrullas, motocicletas, vehículos para la seguridad marítima, ambulancias.

VÉRTICE 3: TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y CREACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Uno de los elementos preponderantes dentro de la prevención y reacción ante el delito es tener un sistema de justicia que se adapte a las exigencias de las realidades tanto parroquiales, como municipales, estadales y nacionales. En este sentido, transformar el sistema de justicia penal para adecuarlo a la garantía efectiva de los derechos humanos donde la justicia, y en particular los procedimientos penales y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, sean accesibles, imparciales, idóneos, transparentes, autónomos, independientes, responsables, equitativos y expeditos, sin dilaciones indebidas, ni formalismos o reposiciones inútiles, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es un imperativo necesario a apoyar en esta gestión en el Estado Miranda.

Es por ello que se proponen las siguientes líneas de acción:

  1. Cooperar en Ia instalación de Casas de Justicia Penal. Una casa por municipio para un total de 21 casas en todo el estado miranda. Regulará los procesos de la justicia formal penal.
  2. Cooperar en la instalación de Centros Integrales de Mediación y Resolución de Conflictos. Un centro por municipio para un total de 21 centros en todo el estado Miranda. Regulará los procesos de la justicia formal no penal: arbitraje, mediación y resolución de conflictos para el fortalecimiento de la convivencia solidaria en las comunidades.

VÉRTICE 4: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO

Otro de los elementos sustanciales a trabajar y apoyar es la transformación del sistema penitenciario venezolano con el fin de garantizar la prestación de un servicio penitenciario garante de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, minimizando los efectos nocivos del encarcelamiento y facilitando los medios adecuados para procurar la rehabilitación del delincuente y mejorar sus posibilidades de reinserción social.

  1. Cooperar para adecuar y remodelar los 8 centros penitenciarios del Estado Miranda.
  2. Programas para la transformación social de los privados de libertad asegurándoles una atención integral, garantizando el acceso a la educación, la formación socio-productiva, la recreación y el trabajo, a un total de 10.000 privados y privadas de libertad.
  3. Cooperar para implementar un plan de aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de pena para descongestionar la población penitenciaria del estado Miranda en un 30%.
  1. Cooperar para implementar un programa de apoyo pospenitenciario para atender un total de 3.500 privados y privadas de libertad residenciados en el estado.

VÉRTICE 5: SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA

Como último elemento, y no menos importante, está el apoyo que se debe dar a las víctimas, quienes padecen las consecuencias directas de la violencia y del delito. Es por ello que se busca asegurar que, mediante una atención integral, oportuna y pertinente a las víctimas de la violencia, se reconozcan y atenúen sus efectos negativos sobre personas y colectivos. Además se busca incrementar la respuesta efectiva del Estado, para lograr tanto la reducción de estos delitos como la impunidad que los acompaña.

En este marco se proponen las siguientes acciones:

  1. Implementación del registro estadal de víctimas de la violencia, vía Web,  contacto telefónico y visitas casa por casa.
  2. Atención integral a las víctimas en las fiscalías municipales dentro de las Casas de Justicia Penal por parte de un equipo de profesionales. Poner a disposición de la comunidad del estado Miranda un equipo de 80 profesionales para la atención de las víctimas de la violencia delictiva.

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Comentarios

21.nov.2012 01:31 pm
Nicolasa Montilla (Miranda) dijo:

Muy bien el programa de casa de justicia Penal y especialmente en el Municipio Tomás Lander, Ocumare del Tuy, yo Nicolasa Montilla Abogada Socialista egresada de la U.B.V. Casa de las Misiones N:4, me siento capacitada para apoyar la forma de Mediación para Resolución de Conflicto y ser parte de esta gran Misión. ¡¡¡Independencia y Patria Socialista, Viviremos y Vennceremos!!!

 

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